1. EL
CARTEL DE LOS EMBARGOS
Entre las especies de depredadores del fisco sobresalen organizaciones
conformadas por funcionarios de alcaldías y gobernaciones, abogados litigantes
y jueces que conciertan maniobras para cobrarles a las entidades territoriales,
previo embargo judicial, deudas infladas o inexistentes. Los miembros de este
cartel manejan por lo general información anticipada sobre giros de regalías o
recursos provenientes de las transferencias de la Nación y atacan
inmediatamente después de que estos llegan a las tesorerías.
Un botón para la muestra. En Chocó, el clan familiar de los Sánchez
Montes de Oca -al cual pertenece el actual gobernador- controla un bufete de
abogados especializados en comprarles a maestros o a jubilados deudas
relacionadas con salarios, prestaciones o pensiones para ejecutar luego al
departamento o a los municipios. Con ayuda de algunos jueces, los litigantes
consiguen el reconocimiento de jugosas sumas que, incluidos intereses y
sanciones moratorias, terminan excediendo hasta en un mil por ciento las
pretensiones iniciales. En no pocas ocasiones, los funcionarios judiciales
ordenan pagos con base en documentos falsificados. Así ocurrió recientemente en
el municipio de Pizarro, donde uno de esos abogados y el alcalde
"conciliaron" en 1.500 millones una supuesta obligación por 2.000
millones y declararon públicamente que hicieron un esfuerzo por conseguir la
"rebaja" de los 500 millones en consideración a la crisis fiscal de
la población.
2. "SE LE TIENE"
Las asociaciones de municipios terminaron convirtiendo al Estatuto de
la Contratación en un rey de burlas. A través de acuerdos instantáneos llamados
"convenios administrativos" celebrados con ellas, algunos alcaldes
eluden la obligación de convocar licitaciones y contratan miles de millones de
pesos con asociaciones omnipotentes que construyen desde acueductos y escuelas
hasta vías, baterías sanitarias, comedores; suministran bienes y servicios,
elaboran planes de desarrollo y ofrecen cualquier cosa, como en un mercado
persa, bajo la consigna del "se le tiene". Por ese camino las
asociaciones terminaron convertidas en fuentes de enriquecimiento personal.
La
Contraloría General encontró que la Gobernación de Córdoba suscribió un
convenio con la Asociación de Municipios del San Jorge por 227 millones
755 mil 943 pesos para hacer tendidos de redes eléctricas en las
veredas El Teba y Los Zambos, que no existen en ninguno de los
municipios. Los recursos fueron desviados hacia la electrificación de fincas
privadas
3. MERCADO DE SUBSIDIOS
Personas de estratos 4 y 5 que terminan cobijadas por los servicios
del Sisbén; políticos que en campaña ofrecen a sus electores subsidios a los
cuales tendrían derecho en cualquier tiempo y sin necesidad de palancas;
funcionarios encargados de entregar los subsidios que cobran por el trámite o
trafican con la información de bases de datos para incluir allí a amigos,
recomendados o personas que en realidad no requieren de esos beneficios
estatales.
Este tipo de conductas han convertido los subsidios en mercancía de un
mercado movido por el tráfico de intereses. Son comunes los casos de
constructores particulares que manejan los recursos de subsidios para vivienda
y se limitan a usarlos parcialmente para hacer simples mejoras de viviendas en
sitio propio. El resto del dinero se va a sus bolsillos. El constructor Víctor
Julio Maussa Vega, detenido el año pasado, está siendo investigado penalmente
por el uso de licencias falsas con las cuales manejó subsidios para vivienda en
los barrios Brisas del Sinú, Mogambito, El Dorado, La Candelaria, Villa Rocío y
La Unión en Montería y se apoderó de la mayor parte de los recursos.
4. "MIGUELITO TAMBIÉN
COME"
Es la versión moderna del CVY o "¿Cómo voy yo?".
Consiste en que quienes tienen la facultad de nombrar personas en cargos, o
adjudicar contratos, cobran a aquellos a quienes nombran, o les asignan un
contrato por un porcentaje del salario o del valor del negocio.
También se da el caso en que nombran personas en cargos en los que existe la
posibilidad de cobrar coimas por agilizar trámites.
Recientemente se dio el caso de Héctor González, asesor del Senado. Un
contratista que lo visitaba en su oficina, interesado en conocer las
condiciones de una licitación para servicios de aseo y cafetería, por
cerca de 2.700 millones de pesos, le entregó al DAS una grabación en la
que González hace esta propuesta sin reato alguno de conciencia: "El
negocio es suyo, si está dispuesto a pactar con nosotros una comisión del
12%".
5. LICITACIONES 'EXPRÉS'
En casos de licitaciones públicas, gobernadores, alcaldes, directores
de institutos u otros funcionarios ordenadores del gasto, establecen, de común
acuerdo con contratistas privados, términos muy breves para el diseño,
preparación, elaboración y presentación de las propuestas que serán
consideradas. Así, por ejemplo, en cuestión de una semana abren el proceso,
fijan fecha para la presentación de las propuestas y establecen para un mismo
día la visita obligatoria al sitio donde será ejecutada la obra, la audiencia
aclaratoria y el plazo para formular observaciones al proceso. De esa manera,
solo quien tiene amarrado de antemano el negocio con la administración está en
capacidad de cumplir, mientras que los demás quedan por fuera por razones
de tiempo y distancia.
Los efectos de esta forma de saqueo al erario son permanentes, pero
aumentan particularmente en épocas de elecciones, cuando los contratos con la
Administración se convierten en fuente de financiación de candidatos afectos al
establecimiento. La Comisión de Garantías Electorales comprobó que en las
elecciones de octubre de 2007 se presentaron casos de esta naturaleza en
Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Córdoba y Atlántico. Está en marcha una
investigación de un contrato 'exprés' que le aportó a una campaña 2.700
millones de pesos en Quindío.
6. CEMENTERIOS DE MAMUTS
En pleno corazón de la zona ganadera, en Yopal (Casanare) se construyó
un matadero de gallinas con capacidad para sacrificar 18.000 aves por día. Lo
malo es que el promedio de consumo en la ciudad no supera las 2.000. Su
estrambótica infraestructura se ha convertido en el espejo de un despilfarro.
No lejos de allí se encuentra el Museo del Hombre Llanero, una obra que costó
más de 1.000 millones y que solo tiene de atractivo el nombre, pues su entorno
está convertido en una letrina.
Curiosamente, este tipo de elefantes blancos que yacen en el que
podría ser un gigantesco cementerio de mamuts de la corrupción no son
patrimonio exclusivo de regiones alejadas de la capital del país. Bogotá no
escapa al fenómeno y es una de las pocas ciudades que se dio el lujo de
destinar cerca de 20.000 millones de pesos para la construcción de tres
colegios en zonas populares, cuya construcción ha sido severamente cuestionada,
por distintas razones: su edificación fue proyectada en terrenos deleznables,
las licencias de construcción fueron tramitadas extemporáneamente o, en medio
de una feria de desviación de recursos, los dineros disponibles para las obras
se agotaron antes de lo previsto. Todo esto terminó por afectar los intereses
de los habitantes de zonas deprimidas de las localidades Rafael Uribe, Usme y
Suba donde escasean los cupos educativos.
7. EL CARRUSEL
Esta modalidad de 'tumbe' al Estado se da de dos maneras. La
primera consiste en el establecimiento de un grupo cerrado de contratistas que
se distribuyen los negocios con la Administración en forma rotativa y
"equitativa", y para eso llegan al extremo de negociar de antemano
todo el proceso: desde los términos de referencia ante la adjudicación. La
segunda se refleja en la costumbre arraigada de algunas administraciones de
hacer adjudicaciones directas en forma rotativa para que todos los contratistas
usufructúen los recursos públicos.
En Aipe (Huila) esta fórmula de adjudicación, combinada con el llamado
"direccionamiento de contratos", se convirtió en "modelo"
para municipios vecinos. Por esa razón está siendo investigada Lina Guarnizo,
ex funcionaria de la Administración municipal y actual personera de Neiva.
8. 'PITUFEO' DE CONTRATOS
Consiste en la firma, durante cortos períodos, de varios contratos de
pequeños montos con objetos similares que hubieran podido conformar un solo
contrato. Es una fórmula clásica para evadir la selección objetiva y favorecer
a uno o varios contratistas. Como la exigencia de realización de licitaciones
públicas depende del valor del contrato que se va a celebrar, ese requisito es
directamente proporcional a la cuantía.
Mediante esta modalidad, varios contratos son firmados el mismo día y
con la misma persona, para dictar la misma capacitación, pero en diferentes
barrios de la misma ciudad. También son suscritos varios contratos en las
mismas fechas y con distintas personas para señalizar distintas calles. La
práctica hizo carrera en Cali durante la administración del alcalde Apolinar
Salcedo. Por la misma razón se encuentran casos como el de Ciénaga (Magdalena),
donde cada una de las cuatro paredes de su sede administrativa fue construida
por un contratista distinto. Hoy amenaza ruina.
9. PROPONENTES SUICIDAS
El mecanismo parece simple. Para la ejecución de contrato de obra
civil, la Administración lo adjudica a un proponente que presenta en su oferta
el cemento con precios que en el mercado son considerados excesivamente bajos.
Pero no es que el proveedor ponga en riesgo su empresa. Lo que ocurre es que
quiere asegurarse la adjudicación, pues ya habrá oportunidad de ajustar las
cargas.
Durante la ejecución del contrato, el contratista demuestra sin
dificultad que está trabajando a pérdida y aduce que está roto el equilibrio
económico. Responsabiliza de eso a la inflación y a las alzas en los precios
del cemento. La Administración restablece el equilibrio perdido y ajusta los
valores de manera que muy pronto los precios terminarán excediendo por mucho el
valor de la que inicialmente era la propuesta más costosa.
10. ZANCADILLA Y OTRAS PLAGAS
Esta nueva modalidad consiste en que dos particulares se ponen de
acuerdo para sacar a un tercero de la competencia por una licitación, usando
medios fraudulentos. Los interesados no tienen escrúpulos a la hora de
generarle artificialmente inhabilidades a sus competidores. El ejemplo más
reciente ocurrió con la licitación para la contratación de sistemas de
seguridad para cárceles, abierta por el Ministerio del Interior y de Justicia.
Hoy se convive con otras que aún sobreviven. La más recurrente es la
de los sobrecostos y se presenta cuando la Administración paga un valor
superior al del mercado por los bienes o servicios. Le reconoce al metro
cuadrado un valor muy superior al comercial y no tiene problema en sustentarlo
en avalúos amañados o compraventas simuladas, como ocurrió con el lote
adquirido por la Secretaría de Educación de Bogotá para contruir el
colegio El Mochuelo
